Zapatero y su Gobierno son rehenes de la Coalición de Creadores

Zapatero quiere entrar en la historia de España como el presidente de las libertades y derechos sociales: él nos ha traído el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la Ley de Dependencia, la Ley de Igualdad… Hasta se puso las plumas del Jefe Seattle para asegurar en Copenhage que la Tierra sólo pertenece al viento.

E Internet, ¿a quién pertenece? Después de la movilización del #manifiesto, que quede claro ya de una vez: El Gobierno de España, ese que ha de velar por los derechos de todos los ciudadanos, y que en buena medida lo ha hecho hasta ahora como veíamos arriba, es en Internet rehén voluntario de un pequeño -pero persuasivo- lobby, la Coalición de Creadores. El Gobierno no tiene estrategia, es permeable, un coladero. Pero sólo por ese lado.

Todo indica que finalmente cualquier persona podrá denunciar cualquier web a la Comisión de Cultura, quien si considera que desde ella se ofrecen contenidos con derecho de autor o simples enlaces a ellos, pedirán al juez que la cierre como medida cautelar en menos de un mes. A veces en una sóla semana. Luego, una vez cerrada (¿censurada?) la web, su dueño podrá intentar defenderse en un juicio. Quizá lo gane, pero para entonces habrán pasado dos años -en Internet, una barbaridad- y su proyecto digital habrá muerto.

Primero disparamos y después preguntamos.

Qué gran estrategia: les permitirá aparecer en todos los medios generalistas diciendo que nos han escuchado (la foto con la ministra y la desautorización de Zapatero a Sinde) y que, como prometió el Presidente, “no se cerrará ninguna web sin intervención judicial”.

Así será: Se supone que el juez velará porque el cierre cautelar no vulnere derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Teniendo en cuenta, de que en este país hay jueces que consideran que la web de la cadena SER “no es un medio de comunicación social”, nos podemos esperar cualquier cosa: habrá una comisión censora cuyo reglamento, al no ser ley, no se debitará en el Congreso, y los Gobiernos lo podrán cambiar a discrección.

Esto les viene muy bien porque para desmentirlo nos obligan a hilar más fino, ya quizá demasiado fino para una parte considerable de la gente que en su día se movilizó. Han hecho una buena jugada, porque es mucho más fácil hacerle entender al selecto lobby de la Coalición que esta salida sigue beneficiando enormemente sus intereses que hacer ver a la Opinión Pública que su condición de ciudadanía vale menos que un carnet de la SGAE. Es una trampa de comunicación.

Como bien se encarga de recordar el Gobierno, somos más de 22 millones de internautas en España. Yo, como parte de ellos, no podré recordar a Zapatero como el presidente de las libertades.

PD: de la oposición ni hablo, sólo tres palabras: oportunismo, coyuntura y caradura.

PD: Para colmo, hoy desalojan el Patio Maravillas. No quieren ni cultura ni actividades sociales fuera del mercado y de la industria. Más claro ya no lo pueden decir.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

NOTA: Este manifiesto fue redactado conjuntamente por periodistas, bloggers e internautas, en una maratoniana sesión durante la tarde-noche de ayer. Si estás de acuerdo, difúndelo por todas las vías que puedas.

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